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Frenar las obras para la construcción de nuevas cárceles, fue una de las primeras medidas que tomó Mario Abdo cuando asumió. Así, el hacinamiento, falta de seguridad, y las condiciones precarias e insalubres en las cárceles; se convirtieron en tierra fértil para la violencia y los disturbios. Motines, heridos y muertos: moneda corriente en las cárceles de Paraguay.

Recién asumido el Gobierno de Mario Abdo; una de las primeras medidas que tomó el ministro Arnoldo Wiens- MOPC- fue frenar la construcción de nuevas cárceles; obra que  había iniciado el proceso de construcción durante el gobierno de Horacio Cartes.

Cancelada esta obra – que contaba con la capacidad para albergar a unos 5.110 internos- se cancelaba la posibilidad de mejorar las condiciones en las penitenciarias.

Superpoblación. Hacinamiento. Falta de seguridad. Pésima alimentación. Condiciones precarias e insalubres. Reclusos en pasillos. Motines. Muertos. Consecuencias de la falta de medidas y de urgencia.

Los reclamos de la situación carcelaria llegaron a los oídos de Abdo de manera explícita, no sólo por reclamos ciudadanos, de familiares de internos, de sectores de la política; también, de quien el menos se lo esperaba: este año, durante  el tradicional tedeum en la Catedral de Asunción por el 208 aniversario de la independencia de Paraguay, el obispo emérito de Encarnación, Ignacio Gogorza, calificó de “lamentable” la situación en las cárceles paraguayas y criticó la “provisión alimentaria” en las mismas y el uso de “pasillos e intemperies” para alojar a los reclusos.

El Cardenal pidió al Gobierno que analice y revierta esa “problemática” e indicó que deben adoptarse las “medidas necesarias para que la prisión preventiva no genere arbitrariedades e injusticias”, ya que el uso de esa medida cautelar por parte del sistema Judicial es la principal causa de la superpoblación carcelaria.

El 80 % de los cerca de 15.000 presos de Paraguay lo están bajo esa medida, sin sentencia firme debido al estancamiento de los procesos judiciales y la lentitud del sistema, según datos oficiales correspondientes a finales de 2018.

Además, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) estimó también a finales del año pasado que la tasa de ocupación del sistema penitenciario paraguayo, con capacidad para unos 9.000 reos, asciende al 337,7 %.

Recién hoy se declara el “Estado de Emergencia Carcelaria”. Recién ahora. Habiendo pasado más de un año de gestión abdista; y disimulando las decisiones tomadas al principio.

La falta de medidas a tiempo no es sólo una queja. Las consecuencias fueron visibles, y no sólo en tapas de diarios:

MOTIN DE SAN PEDRO

En el mes de junio, un grupo de detenidos en el penal de San Pedro, llevó a cabo un violento motín en el que murieron 10 internos, y otros 10 resultaron gravemente heridos. Desde las autoridades del gobierno intentaron centrar el foco de atención en el grupo de criminales que se enfrentaron; pero el incidente fue una clara consecuencia del estado crítico en el que se encuentra el sistema penitenciario paraguayo.

En su momento, el ministro del Interior, Juan Villamayor, aseguró que  “el enfrentamiento se dio entre miembros del Primer Comando da Capital (PCC) y del Clan Rotela, dos temidas organizaciones criminales”. “Todos los fallecidos pertenecen a grupos narcos”, aseguró Villamayor. Entre las víctimas, cinco fueron decapitadas y tres, calcinados. Otros cuatro internos se encuentran en estado delicado y seis están bajo observación. “Los cuerpos de los fallecidos en la cárcel de San Pedro permanecen en el interior de la penitenciaría”, informó la fiscal a cargo del caso, Fany Aguilera.

Por esta situación, desde diferentes organizaciones y expresiones ciudadanas, pidieron la destitución del  Ministro de Justicia Julio Ríos, por “no poder tener la capacidad de dirigir y controlar una institución”; pero, el directivo tuvo apoyo incondicional de Abdo; y sigue al frente de su cargo.

GRANJA VIP

A la trágica noticia, se le sumó la conocida como “Granja Vip”. Una especie de estancia que estaba habilitada de manera irregular, en donde los internos vivían sin custodia ni contaban con equipo de seguridad; con lo cual, podían salir cuando quisieran.

Ante el conocimiento público de esta “Granja”; el ministro Ríos lo primero que hizo fue negarlo; pero fueron los mismos jueces quieren lo contradijeron y fundamentaron el “por qué” mandaron a algunos criminales a esta cárcel vip, que costó más de G. 100 millones.

Esto fue en junio. Y, esa misma noche, desde el MOPC anunciaron que en los siguientes 10 días, se adjudicará la construcción de cárceles; la obra que frenaron apenas arrancaron el gobierno.  Aunque, todo quedó – por lo menos hasta ahora- en un anuncio más.

NUEVO MOTIN

Todo no termina aquí. Luego del motín de San Pedro. Luego de la tragedia. Luego de los muertos; y de los anuncios: Nuevo motín violento.

La semana pasada, en  el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (Cereso). Según el ministro Villamayor, tres reclusos se habían fugado de la Cárcel de Encarnación el jueves pasado y  habían tomado de rehén  y al jefe de seguridad.  Dentro del penal, se registraron disturbios y disparos, que causaron varios heridos.

Al día siguiente; en la misma penitenciaria; vecinos denunciaron escuchar disparos y gritos de reclusos.

REALIDAD VS ANUNCIOS

En varias declaraciones realizadas en diferentes medios, el presidente de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Dante Leguizamon, aseguró que “cada año entran 1.100 presos a las cárceles del país, que ya tiene una superpoblación que supera las 7.000 personas en todo el país (sólo hay 9 mil lugares para los presos, pero ya hay unos 16).

Por lo cual, la  situación de hacinamiento, sumada a las condiciones precarias en las que viven, la falta de comida e higiene, hacen que el hastío sea tal que causen hechos de violencia y motines.

“Ante la falta de acceso a esos derechos, la gente ingresa a estos grupos (…) la situación es grave con la intervención de estos grupos y casos como los de ayer nos demuestran lo que pueden lograr”, expresó Leguizamon y agregó: “Hay también problemas para acceso a derechos: salud, una cama, un lugar seguro para dormir, trabajar y estudiar es mucho más lejano debido a la cantidad de personas y un importantísimo grado de corrupción para el uso del espacio”.

En el caso puntual de los amotinados en San Pedro, dijo – en su momento-  que el pabellón en el que se encontraban estaba lleno de humedad, y no tenían ni luz, ni colchones.

ANUNCIO

En el día de la fecha, y tras tomarse más de una semana para decidir, Mario Abdo Promulga la ley que declara emergencia en todos los establecimientos penitenciarios por 365 días.

El planteamiento amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de este año y autoriza el apoyo y el empleo de las Fuerzas Públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para la custodia, y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos penitenciarios.

De la redacción En La Tecla Py