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Los senadores de izquierda presentarán hoy su proyecto para derogar la ley que penaliza la invasión a la propiedad privada. La misma fue aprobada recientemente.

Según los senadores del Frente Guasu, “la ley recientemente aprobada viola derechos y principios constitucionales, especialmente aquellos relacionados con los pueblos indígenas, quienes son reconocidos en la Constitución de la República del Paraguay como anteriores a la conformación del Estado y que como tales tienen derechos sobre la posesión tradicional o ancestral de sus tierras, los cuales no fueron contemplados para la modificación del art. 142 del Código Penal”.

La banca representada por Fernando Lugo y Sixto Pereira, entre otros, dicen que esta ley va en contra de los derechos de los campesinos “sostenidos en el precepto constitucional del valor social de la tierra, vinculado a una estructura agraria conducente al arraigo, fortalecimiento y a la incorporación de la agricultura familiar campesina al desarrollo nacional”.

Ley contra invasiones

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que eleva la pena carcelaria por invasiones de inmuebles ajenos. En conferencia de prensa realizada en la sede del Comando en Jefe, el secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, argumentaron los motivos que llevaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a tomar la decisión de promulgar la ley sancionada ayer por la Cámara de Diputados.

Manifestó que se trabajó coordinadamente con el Poder Legislativo, por lo que una vez que la ley ingresó en el ámbito del Ejecutivo “la decisión ya estaba prácticamente tomada”.

Sobre el texto promulgado, el ministro ratificó que la ley prevé la modificación del artículo 142 del Código Penal que tipifica la conducta de invasión de inmueble ajeno. “Lo que prevé esta modificación, de un delito que ya estaba en el Código Penal paraguayo es que toda persona de manera individual o colectivamente que ingrese a un inmueble ajeno con violencia o clandestinidad será sancionada con una pena privativa de libertad de hasta diez seis años”, indicó.

Facultad de los jueces

A su vez la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, recordó que es facultad de los jueces, según cada caso y de acuerdo a los presupuestos, determinar si la persona tendrá que guardar prisión preventiva. Esto teniendo en cuenta que este punto no se modificó.

La modificación que tenemos con esta promulgación del marco penal. Esto implica que el juez puede decretar una sentencia condenatoria en caso de encontrar las pruebas suficientes entre seis meses a seis años de lo que se considera como tipo base. Y un agravante aumentaría el marco penal hasta diez años”, indicó.

La secretaria de Estado aclaró que no necesariamente implica el decreto de prisión preventiva automática en el caso de procesamiento, porque en el 2019 el Congreso Nacional volvió a modificar la ley 4.431/11, devolviendo al juez la facultad de analizar los presupuestos de la prisión preventiva que debe darse conjuntamente al momento de resolver sobre la privación de libertad durante el proceso. “Ratificamos que es el Poder Judicial el que realmente va a aplicar la ley, interpretando de acuerdo a los elementos que obren en cada caso concreto”, concluyó

Luguistas, en campaña con invasiones

La campaña legislativa del Frente Guasu sigue enfocada en las invasiones de propie­dad privada, maniobrando para defender a invasores que cometen abusos. Los senadores de esta bancada presionan con apoyo de sec­tores campesinos que exigen la regularización de las tie­rras. Este jueves figura nuevamente un pedido de expro­piación.

El Senado estudiará en la sesión del jueves un pro­yecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble ubicado en el lugar denominado Ykua Karanda’y, en Luque. Los senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filiz­zola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodrí­guez piden su transferencia a favor de los actuales ocu­pantes, unas 26 familias.

La semana pasada, también había presionado para que se logre la expropiación del inmueble que corresponde a la estancia Pindó, pero por amplia mayoría de 22 votos contra 11 a favor, el plena­rio rechazó la propuesta de ley presentada por el Frente Guasu ya en el 2014. Los legisladores siguen insis­tiendo en la recuperación de las tierras malhabidas, producto de una transac­ción fraudulenta durante la dictadura