);

Tras idas y vueltas, la CBI se lavó las manos y no apuntó responsabilidades en informe final. Además, dijeron que “no pueden investigar al Presidente”.

La Comisión Bicameral de Investigación  y Seguimiento del Acta Bilateral relativa a la contratación de potencia de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, presidida por el senador Eusebio Ramón Ayala, culminó ayer una parte de su trabajo sin asumir posturas claras, porque una mayoría decidió que se remitan los seis dictámenes elaborados en el grupo. Tres documentos apuntan al presidente Mario Abdo Benítez y otros tres lo eximen de responsabilidad.Si bien la mayoría coincidió en que el acta firmada atentaba contra los intereses de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y, consecuentemente, el Paraguay, evitaron votar sobre este punto, y prefirieron que se remitan las seis conclusiones presentadas en la reunión de ayer.

Por un lado, el senador Abel González, y los diputados Walter Harms, Justo Zacarías y Sergio Rojas responsabilizaron al ex embajador Hugo Saguier Caballero y afirmaron que el presidente Mario Abdo Benítez no puede ser investigado, según el artículo 195 de la Constitución.

Por otro lado, Ayala y el diputado Fernando Oreggioni señalaron al mandatario como principal responsable de la firma del documento. El primero aseguró que el presidente “abogó por la firma”. “Después de defender el acta suscribieron el documento que anulaba el acta”, recordó.

En el mismo sentido, aunque con dictámenes independientes, se expresaron los senadores Jorge Querey (incluso habló de un posible juicio político a Abdo Benítez) y Antonio Barrios.

Querey aseveró que el jefe de Estado tuvo pleno conocimiento del acta bilateral firmada el pasado 24 de mayo. “El vicepresidente también estuvo en la negociación, involucrando intereses privados. El acta representaba un daño a los intereses del Paraguay”, cuestionó. Agregó que en términos políticos existe mal desempeño de funciones del presidente y amerita el juicio político.

Saguier Caballero. A su vez, González y los diputados que acompañaron su dictamen apuntaron que la negociación fue del ex embajador Bernardino Hugo Saguier Caballero. Cuestionaron que en el acta se trataron otros temas que no tenían relación con la contratación de potencia y no hubo participación de técnicos paraguayos.

No obstante, aplaudieron que no tuvo consecuencias técnicas ni administrativas por el pedido del poder ejecutivo de anular el acta.

Antonio Barrios se encargó de repartir la responsabilidad en el presidente, el ex canciller Luis Castiglioni, Saguier Caballero, José Sánchez Tillería (ex director técnico de Itaipú) y otros; mientras que el diputado oficialista Colyn Soroka defendió al mandatario y destacó la anulación del acta.

En esta defensa fue más lejos el senador Enrique Bacchetta, quien incluso dijo que al no existir acta no existe daño. El cartista Walter Harms le recordó entonces que la Comisión se formó precisamente para investigar el acta, así que si tal acta no existía la CBI no tenía razón de ser.

También decidieron que todos los informes se remitan a los órganos jurisdiccionales para que continúe la correspondiente investigación.