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Hoy, Diputados tratará el  proyecto de Ley de Resolución de Insolvencia -que modifica la actual Ley de Quiebras-, el cual fue presentado por el Poder Ejecutivo en 2019 y ya cuenta con media sanción en la Cámara Alta.

El polémico proyecto  establece un plazo muy corto para que los deudores encuentren alternativas para regularizar sus obligaciones y además pueden perder sus bienes en nombre de sus deudas.

Según argumentaciones presentadas, en su momento, por el Ejecutivo, este proyecto tiene como objetivo “propulsar un proceso de modernización del sistema normativo del país”.

En junio de este año la ministra  de Industria y Comercio, Liz Cramer junto al abogado Edgar Taboada, del Ministerio de Justicia indicaron que esta nueva ley es necesaria para “generar un clima propicio para la atracción de inversiones, lo que contribuirá al dinamismo comercial y potenciar el desarrollo económico del país, especialmente luego de esta crisis de la pandemia”

Además, aseguró que  “este proyecto dará oportunidad a las empresas que se encuentran ante un riesgo de insolvencia de resurgir sanamente y ayudará a aquellas que se encuentren en inminente incapacidad de cumplir con sus obligaciones”.

Pero, el proyecto está generando dudas y rechazo. Al día de la fecha ciudadanos, periodistas y legisladores opositores están movilizándose en las redes con el hashtag #NoALaLeyDeInsolvencia.

 

También, desde diferentes gremios se muestran preocupados y piden más información.

El , asesor jurídico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP),Miguel Aranda, dijo que el gremio sigue analizando el tema. Y, aseguró que si bien el documento es complejo, ya tienen preocupaciones sobre ciertos aspectos.

Uno de los artículos que más le llamó la atención fue el art. 9 en el que se habla  del deber del deudor comerciante de pedir la convocación de acreedores o quiebra.

Es decir, el deudor que cuente con uno o más incumplimientos o hechos que impidan cumplir regularmente con las deudas a su vencimiento, tiene hasta 90 días para presentarse a un juzgado competente.

Y, a partir de la presentación ante el juez se dan tres opciones:

  • Pedir la convocatoria de acreedores
  • Quiebra
  • Solicitar homologar un acuerdo extrajudicial

Para Aranda si bien el proyecto es interesante desde el punto de vista de la necesidad de actualizar la Ley de Quiebras (que data de 1969) le preocupa que la normativa, en caso de aprobarse, pueda tener un efecto perjudicial.

Así mismo, César Armele, de la Cámara de Comercio y Servicios, cuestionó que el artículo 9 no discrimina entre la figura de la insolvencia de caja o flujo (cuando la empresa o persona no tiene los recursos financieros oportunos para hacer frente a sus obligaciones) o la insolvencia de balance (cuando el pasivo es mayor que el activo).

Por otra parte, tanto desde bancada opositora como algunos comunicadores expresan que no es momento de promulgar esta ley debido a que millones de paraguayos se encuentran en situación de insolvencia debido a la pandemia.