Además de los G. 26.996 millones que disponen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso Nacional también cuenta con una asignación para seguro médico de G. 5.774 millones que se destinará a parlasurianos y funcionarios. Con ese dinero se podrían comprar 215 ventiladores pulmonares para las unidades de terapia intensiva (UTI).
En plena crisis sanitaria por el covid-19, los diputados y senadores se autoasignaron para el año que viene, solo para solventar sus seguros médicos privados, un total de 32.741 millones de guaraníes, dinero que serviría para adquirir 215 respiradores pulmonares para unidades de terapia intensiva (UTI) de hospitales.
El Ejecutivo recientemente promulgó la Ley 6469 del Presupuesto General de la Nación 2021, elaborada por los parlamentarios y en la que asignan a la Cámara de Diputados un total de 16.800 millones de guaraníes para seguro médico y odontológico de 1.320 funcionarios y una mayoría de diputados, excepto a una docena de legisladores que renunciaron al seguro vip.
La Cámara de Senadores dispondrá de G. 10.196 millones y el Congreso Nacional G. 5.744 millones.
Compra
El Ministerio de Salud, el 16 de diciembre último adjudicó la compra de 100 ventiladores pulmonares de la marca Imtmedical de la empresa Dysa Healthcare SA a un costo unitario de G. 152.200.000.
En total fueron adquiridos 100 respiradores por un monto total de G. 15.220 millones. Solo con el dinero de la tercera asignación con la que se dispone en el presupuesto del Congreso se llegaría a cubrir el 38% del total adquirido por Salud.
Y con las tres asignaciones para seguro médico de las que dispondrá el Congreso Nacional, se podrían adquirir 215 respiradores artificiales para las unidades de terapia intensiva que actualmente están al límite de su capacidad por los aumentos de contagios por el coronavirus.
Ley de recortes
Con la implementación de la ley que recorta los gastos superfluos en las instituciones públicas, ello recortaría el privilegio del seguro vip a diputados, senadores y parlasurianos, no así a los funcionarios públicos cuyas instituciones cuentan con el seguro médico privado.
Ahorro mínimo
Con la llamada “Ley Godoy” se podría ahorrar al Estado un total de apenas G. 2.500 millones, producto del recorte del seguro a 214 altas autoridades, según un estudio técnico estimativo realizado por el Ministerio de Hacienda para la aplicación de la ley.
Diputada pide revisar contratos
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, dijo que se debe ver si es que va a existir un criterio unificado con respecto a la aplicación de la “Ley Godoy” y hacer la consulta al Ministerio de Hacienda y a las Unidades Financieras de las instituciones, de cómo van a reglamentar la ley.
“Mientras que eso no se haga se debe ver si los contratos son plurianuales, cómo se realizaron las licitaciones y la salida de las autoridades”.