Enriquecimiento ilícito en la función pública, declaración falsa y tráfico de influencias son los hechos punibles que los abogados Eduardo González y Gerardo González solicitan en una denuncia particular presentada hoy martes ante la Fiscalía General del Estado contra el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
“Hacemos la presentación de una denuncia en nuestro carácter de auxiliares de la justicia con respecto a la situación que se ha generado con un funcionario público, que toda su vida prácticamente fue funcionario público”, explicó Eduardo González, durante la presentación de esta denuncia, a partir de “las publicaciones que se vienen realizando, inclusive desde el 2020, en que ya manifestaban que llamaba la atención el aumento patrimonial del señor Arnaldo Giuzzio”.
El abogado describió que la presentación ante la Fiscalía incluye la declaración jurada del ministro del 2021, así como investigaciones periodísticas desde el 2020 que ya cuestionaban el aumento patrimonial dentro de la función pública de Giuzzio; incluyendo las recientes publicaciones de La Nación, cuando deja el cargo de secretario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y pasa a ser ministro del Interior. “Él alega las compras de unas propiedades y ahí hay varias inconsistencias en sus declaraciones juradas”, refirió.
Inconsistencias en cuestión
“Inclusive, él menciona que su declaración jurada, por lo que dijo en radio Monumental, eran compromisos anuales. Sin embargo, el pago del préstamo en el BNF, uno puede ver que es una cuota mensual”, indicó González. “Entonces, estas son cuestiones que se tienen que analizar porque estamos ante un enriquecimiento ilícito o, eventualmente, podríamos estar ante un hecho punible de declaración falsa porque no corresponde lo que ha manifestado”.
“También queremos saber cómo una persona con casi 90% de endeudamiento, según lo que dijo en su propia declaración jurada, puede acceder a un préstamo de 12 millones del Banco Nacional de Fomento. Evidentemente, también podríamos estar ante el tráfico de influencias, porque evidentemente hubo una excepción para poder acceder a un préstamo”, agregó.
“Si no fuese así, si no es cierto que las cuotas son anuales y no mensuales, por qué dijo que eran 12 millones, con lo cual inclusive pudiera servir para lavar activos. Entonces, él tiene que informar porque está al frente de la seguridad del Estado paraguayo”, puntualizó el abogado.
Por su parte, su hermano y colega del estudio jurídico, Gerardo González, remarcó: “Estamos preocupados por cómo se maneja tan alegremente la seguridad de nuestro país y más todavía por la responsabilidad tremenda de este ministro, que no hace nada más que demostrar su falta de eficacia y por eso estamos sufriendo todos los ciudadanos”.