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La Baja aprobó ayer el pro­yecto de ley “que crea el fondo nacional de cobertura a pacientes con covid-19”, más conocido como “Covid gasto cero”; la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores. Uno de los proyectistas, el dipu­tado Raúl Latorre, aclaró que esta normativa no se contra­pone con el proyecto que tam­bién ayer fue aprobado por la Cámara Alta, sino que se com­plementan.

Ante el plenario argumentó que el proyecto busca otorgar una mejor calidad en el sis­tema de salud a los pacientes con covid-19 y de sus fami­liares que buscan desespera­damente insumos y medica­mentos. “Somos conscientes del difícil momento que están pasando algunos compatrio­tas por la falta de insumos y medicamentos. No podemos dejar que nuestros compa­triotas sigan acudiendo a la farmacia y que cuando no haya medicamentos vendan o empeñen lo poco que tie­nen”, expresó.

En cuanto, a la similitud de las iniciativas aprobadas casi en simultáneo, Lato­rre aclaró que son proyectos complementarios, teniendo en cuenta que la propuesta de los senadores apunta a la medicina de alta compleji­dad, sobre todo la referida a terapia intensiva; mien­tras que “Covid gasto cero” hace énfasis en el soporte de medicamentos para pacientes con covid. “Tie­nen una lógica de comple­mentariedad ambos pro­yectos. De ninguna manera se contraponen”, aclaró.

El documento que fue remi­tido a la Cámara de Senado­res pretende dar cobertura total de medicamentos, insu­mos y estudios de diagnóstico a todas las personas interna­das por covid-19 en centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, IPS, Clínicas y hospitales de ges­tión privada.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

Durante el debate que se llevó por varias horas, varios diputados se opusie­ron a esta iniciativa, argu­mentando que no se cuenta con una fuente de finan­ciamiento concreta. Final­mente, se planteó y aprobó incluir el uso de los fondos sociales de las binacionales, Itaipú y Yacyretá.

Para determinar la forma de financiación, se utilizó el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, el cual deter­mina el redireccionamiento de los recursos destinados a Obras Públicas en el marco de la Ley 6669/20, de recupera­ción económica por los efec­tos de la pandemia; legados, aportes y donaciones; saldo de recortes de gastos super­fluos y algunas reasignacio­nes del Presupuesto General de la Nación vigente. Además de la inclusión de los fondos sociales de las binaciona­les, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por covid-19.