);
El juez Rolando Duarte admitió ayer la imputación contra los dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la supuesta alteración de las evidencias en el caso del crimen de Rodrigo Quintana, el 1 de abril del 2017.

Con ello, procesó a Efraín Alegre Irún (hijo del presidente del PLRA) y Stiben Patrón, por los supuestos delitos de frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos.

Asimismo, contra los dirigentes Fernando Cáceres, Olga María Paredes Brítez y Ramona Mabel Cantero, por el supuesto delito de frustración de la persecución y ejecución penal.

Esto, tras admitir la imputación presentada por la fiscala Esmilda Álvarez, para quien le dio tiempo hasta el 19 de febrero del 2021, para que presente su requerimiento conclusivo.

Igualmente, el magistrado, que interina a su colega Gustavo Amarilla Arnica, citó a los procesados para la imposición de medidas cautelares.

Así, llamó a Paredes, Cantero, Cáceres, Patrón y Alegre, para el próximo 18 de setiembre a las 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 y 10:30, respectivamente, para la citada diligencia.

El juez, en su resolución, recordó a las partes que podían solicitar que las diligencias se realizaran por medios telemáticos, teniendo en cuenta la situación de emergencia por la pandemia.

LA IMPUTACIÓN. Conforme con la imputación de la fiscala Álvarez, de las evidencias estudiadas a raíz del caso que investiga la muerte del joven Rodrigo Quintana, en la sede del PLRA, pudieron abrir el presente caso.

Según la agente, “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU, con las cuales son visualizados en las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, había ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima”.

Añade que supuestamente el fin de los mismos era impedir el acceso de la información contenida en las CPU por parte de los investigadores. La fiscalía indica que se registró una presunta alteración de los datos.

En el caso, el 1 de abril del 2017, agentes policiales irrumpieron en la sede de la agrupación política opositora, tras las protestas en contra de la enmienda que pretendía la reelección del entonces presidente Horacio Cartes.

En el ingreso, según la acusación fiscal, el policía Gustavo Florentín disparó contra los que estaban ahí, y así causó la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, en horas de la madrugada.

Esto incluso fue filmado por las cámaras de seguridad que se encontraban en la sede liberal, lo que constituyó el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público.

En el caso Rodrigo Quintana, hasta el momento, no se pudo realizar la audiencia preliminar, teniendo en cuenta las trabas principalmente de la querella que representa a la ex pareja de la víctima.

Justamente de las imágenes en poder de la fiscalía, más de 3 años y 4 meses después, ahora la agente promovió imputación en contra de los dirigentes liberales, quienes eran los denunciantes en la causa principal por el homicidio de Quintana.

Según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, dos de los tres delitos imputados ya se encuentran prescriptos, conforme la ley penal.

Con ello, apunta que solo el delito de sabotaje a sistemas informáticos es el que aún no prescribió.