El abogado y apoderado de Honor Colorado, Eduardo González se refirió a la admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre la denuncia de Fernando Lugo por su destitución de la presidencia de la República vía juicio político en el 2012.

En este caso, el abogado refirió que esta denuncia no tiene fundamentos, atendiendo que se cumplieron con todos los trámites de rigor en el proceso, y se dio el derecho a la defensa al entonces presidente de la República. El principal punto de esta denuncia es que no se cumplió con el derecho a la defensa de Lugo.

“Para mí, todo el trámite que se tuvo en cuenta con respecto al juicio político de Fernando Lugo, se realizaron todos los trámites procesales para el ejercicio de la defensa en juicio. Recuerdo inclusive que se había fijado plazos para la defensa, inclusive para argumentación y que ellos no utilizaron todo su tiempo”, expresó González para La Nación.

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Así mismo, el letrado explicó que el trámite es una cuestión netamente administrativa, así como una cuestión jurisdiccional que está facultado el Congreso a llevar adelante. “Lo que ocurre es que hasta ahora no hay una ley que reglamente el trámite del juicio político, como hay en otros países, y de esta manera cómo se va a cuestionar si es una cuestión que está establecido en la propia Constitución y para cada caso sale un reglamento que se lleva adelante, y hasta ahora así se ha realizado”, mencionó.

Para González en el caso de Fernando Lugo, la acusación fue directamente establecida, en este caso por la Cámara de Diputados, que actúo de fiscal acusador en el caso. En este sentido, indicó que el presidente de la República es el máximo responsable de lo que ocurre en el país, al igual que en cuestiones internacionales como encargado de las relaciones exteriores.

Fernando Lugo pronunció un discurso justo después de que el Congreso votara su juicio político, en Asunción, el 22 de junio de 2012. Foto: AFP.
Fernando Lugo pronunció un discurso justo después de que el Congreso votara su juicio político, en Asunción, el 22 de junio de 2012. Foto: AFP.

En contra de la Constitución

“Sabemos lo que ocurrió en su gobierno, con lo que ocurría con el tema de invasiones de tierras, ellos mismos incitaban a las invasiones de tierras, en contra de lo que establece y garantiza la Constitución Nacional, en lo que tiene que ver también la propiedad privada que está garantizada también dentro de la Constitución”, sentenció.

Agregó, además, que, en este caso, cree que se tuvieron en cuenta los elementos y los procesos que se establecieron administrativamente por el Ministerio del Interior. “Lastimosamente, sí hubo una politización, para mí, con respecto a la sentencia donde después de condenados fueron absueltos por la Corte Suprema de Justicia, siempre fue un mal precedente que yo inclusive cuestioné”, lamentó, en relación a otro proceso relacionado a la masacre de Curuguaty, incidente que derivó en el juicio político y la destitución de Lugo.

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El Congreso paraguayo debatió el juicio político al presidente Fernando Lugo, en Asunción, el 22 de junio de 2012. Foto: AFP.
El Congreso paraguayo debatió el juicio político al presidente Fernando Lugo, en Asunción, el 22 de junio de 2012. Foto: AFP.

Expresidente pide resarcimiento salarial

Por otra parte, explicó que no es una cuestión taxativa la parte probatoria, sino que se trata justamente de un tema político, y en este sentido, existe una gran discusión doctrinaria, más que nada, en el procedimiento. Si se cuestiona el procedimiento, yo veo que cada vez que se hace un juicio político se establece por un reglamento de cómo se va llevar adelante el proceso del juicio político para darle oportunidad de la defensa, se le dio la oportunidad de la defensa y depende de los votos que se tiene, según describió.

Mientras tanto, refirió que no cree que corra en la Corte Interamericana un fallo a favor de la denuncia de Lugo ya que no se cuentan con argumentos para ello, sin embargo, sí se podría favorecer al ahora senador por una cuestión política. “El hecho de que haya pasado la comisión no quiere decir que el fallo sea favorable, generalmente veo que es así la tendencia, pero en este caso particular no veo de qué se van a agarrar, salvo que se esté manejando políticamente esto”, indicó.

Por último, se refirió al pedido de un resarcimiento económico por su destitución y los salarios que le correspondían por lo que quedaba de su mandato frente a la presidencia de la República, que llegarían a los G. 532.000.000, más intereses. “De él no me sorprende nada, con las cuestiones de filiaciones nunca reconoció, imagínate lo otro, no me sorprendería que él esté detrás de una cuestión económica acá, mucho llevó de la gestión de su gobierno, y sigue queriendo golpear las arcas del Estado. No me sorprendería”, criticó.