Durante la sesión de la Comisión Nacional para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú Binacional, la fiscala general, Sandra Quiñónez, aseguró ayer que un equipo especializado de investigadores está trabajando en forma coordinada con la Contraloría General de la República (CGR), respecto al perjuicio ocasionado al Estado paraguayo en el caso de la deuda de Itaipú. Mencionó que de la investigación surgirá si la causa está o no prescrita.
FISCALES PIDEN DOCUMENTOS
Por su parte, el fiscal Marcelo Pecci, quien encabeza el equipo de investigación, destacó que el Ministerio Público, a disposición de la fiscala general del Estado, inició una causa de manera proactiva, a partir de la eventualidad de que puedan existir conductas penalmente relevantes y por la importancia social que pueda tener el caso.
“A partir de ahí iniciamos una labor técnica por parte del equipo fiscal. Esa labor técnica consiste y tiene como punto inicial el examen especial a la deuda de Itaipú Binacional. Acudimos a la Contraloría a retirar el informe, y estamos en el proceso de una lectura minuciosa de ese informe. También hemos solicitado informes a la CGR para que remitan los documentos respaldatorios de las conclusiones asentadas en el informe de examen a la deuda y todos los documentos que sirven de base para la conclusión del informe”, precisó.
Por su parte, el contralor general, Camilo Benítez, ratificó ante el pleno de la comisión nacional que durante 13 años (1986-1997) Brasil pagó por energía más barata y Paraguay dejó de percibir unos US$ 1.700 millones, y le generó una deuda de US$ 4.193 millones, la cual considera absolutamente ilegal.