En cuanto a las irregularidades que comprenden el periodo de este gobierno y competen a la ministra Carla Bacigalupo como ordenadora de gastos, el fiscal Diego Arzamendia citó que se encuentra la no ejecución de una póliza de G. 1.216.974.000 que corresponde a la garantía que la empresa Laya Construcciones SA debía abonar al SNPP, por incumplimiento de contrato. Ante esta situación, se podría hablar de un caso de lesión de confianza. El fiscal citó que hay aulas móviles abandonadas en comisarías del interior y también tractores que ya no están operando y no fueron dados de baja. Agregó la desprolijidad en la utilización de combustible. Mencionó que en algunos casos no hay documentos que respalden la utilización.
Arzamendia relató también que existen 33 inmuebles que son utilizados por el SNPP; sin embargo, no existen documentos oficiales que acrediten la titularidad del SNPP respecto a esos inmuebles. En el descargo que se hizo ante la Auditoría, la institución argumentó que muchos inmuebles fueron donados y no se formalizó el título de transferencia. También hay discrepancias patrimoniales que se arrastran desde la división del Ministerio.