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El Ministerio de Relaciones dejó en eviden­cia el absurdo argu­mento de Nicanor Duarte Frutos para no dar la infor­mación sobre sus gastos en publicidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sostuvo que la Entidad Bina­cional Yacyretá (EBY) es la única responsable de pro­veer la información sobre sus transferencias socia­les y gastos en propaganda, canalizando la misma por los canales pertinentes.

Las estadísticas revelan que una treintena de solicitudes de información no fueron res­pondidas por Duarte Frutos.

Respuesta de Cancillería sobre pedido de acceso a la información pública de la EBY.
Respuesta de Cancillería sobre pedido de acceso a la información pública de la EBY.

La respuesta de Cancillería ahora también contradice completamente lo argumen­tado por el equipo jurídico de la hidroeléctrica que exigió a este medio a realizar el pedido de información vía MRE. “No es competencia del Ministe­rio de Relaciones Exterio­res autorizar la provisión de información y/o documentos por la EBY, ni realizar labo­res de control sobre el manejo administrativo, económico, financiero y/o patrimonial de la misma”, reza la respuesta hecha por el director de trans­parencia de la Cancillería, Norberto González.

La EBY se había negado a pro­veer los datos argumentando que se necesita la autoriza­ción del lado argentino que debe ser tramitada vía Can­cillería.

En este sentido, también hay que destacar que Cancille­ría sostiene que, en caso de requerirse la autorización de la margen izquierda de la EBY para proceder a la entrega de la información solicitada por este medio, la margen dere­cha de la EBY, es decir, el lado paraguayo, en su carácter de fuente pública de informa­ción deberá canalizar oficial­mente, vía nota, dicha soli­citud de autorización. Por lo tanto, la responsabilidad de proveer la información nue­vamente recae sobre los hom­bros de Duarte Frutos.

Cabe recordar que la hidroeléctrica se había excu­sado de proveer los datos argumentando que reque­ría de la autorización de la margen izquierda (Argen­tina), por lo que el pedido para la intermediación de la solicitud de acceso debía ser hecho a Cancillería, lo que ya fue desmentido por la pro­pia institución. Asimismo, cabe recordar que también el propio Ministerio de Jus­ticia, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, dictaminó que Duarte Frutos debía dar la información.

Vale destacar que la Itaipú Binacional no tuvo problemas en proveer la misma informa­ción que le fue requerida a la EBY, lo que no hace más que levantar las sospechas de que están intentando ocul­tar las rendiciones de cuen­tas sobre estos gastos por algún motivo mayor. Sobre este punto, Nicanor se defen­dió meses atrás en conferen­cia de prensa diciendo que los medios de comunicación no eran contralores, y que era precisamente la Contraloría General de la República (CGR) la que resguardaba las rendi­ciones de la binacional.

Esto último también fue desmentido por el direc­tor de Control de Rendicio­nes de Cuentas de la CGR que negó que la adminis­tración de Duarte Frutos haya entregado alguna vez una rendición de cuentas sobre sus gastos. Incluso descartó que se haya hecho una auditoría a la gestión del político al frente de la binacional.

ATRIBUCIONES QUE NO LE CORRESPONDEN

Federico Legal, abogado de IDEA.
Federico Legal, abogado de IDEA.

El abogado Federico Legal, del Departamento Jurídico de la organi­zación por la transparencia IDEA, indicó que Nicanor Duarte Fru­tos junto con su equipo jurídico se tomaron atribuciones que no les corresponden. “Están interpretando por sí mismos la vigencia, vali­dez y aplicación de una ley que directamente se le aplica”, expresó refiriéndose a la Ley 5.282 de libre acceso ciudadano a la informa­ción pública y transparencia gubernamental.

Según el artículo 2, inciso i de la norma, “las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República del Para­guay. Los representantes, directores y consejeros paraguayos de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas”.

El abogado recordó que el equipo jurídico de Nicanor usó como argumento para no proveer la infor­mación solicitada, la inconstitucionalidad de la Ley 1167/97 expedida por la Corte Suprema, donde dejó por sentado que, en lo que respecta a la entrega de informaciones y documentaciones, por disposición expresa de los tratados, las documentaciones referentes a la binacionales constituyen patrimonio docu­mental de los Estados parte para el efecto.

“Ellos tomaron un dictamen de la Corte de Suprema que era antes de la actual Ley de Acceso a la Informa­ción. Cuando vino la Ley de Transparencia claramente uno de los sujetos obligados es la EBY. Yacyretá por sí misma está diciendo que esta ley no es válida, básicamente ellos con la respuesta que están dando, se están arrogando una competencia que no les corresponde”, sostuvo Legal.