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La Cancillería inició una ronda de consultas con diversos sectores de la sociedad sobre el acuerdo de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental. La idea es reenviarlo al Congreso.

 

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, retiró el 2 de diciembre pasado del Congreso Nacional el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Escazú, que busca garantizar el acceso a la información pública en materia ambiental.

El canciller Antonio Rivas Palacios informó que el retiro es con el objetivo de analizar el texto ante los reclamos de los sectores que se oponen. El arzobispo de Asunción, Mons. Edmundo Valenzuela, denunció en su momento que el acuerdo permitirá legalizar cuestiones como el aborto y la “ideología de género”.

El acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo materializa el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que menciona: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”.