Los integrantes de la Unidad Campesina, Indígena y Popular no lograron conseguir la condonación de sus deudas ante la crisis económica actual, pero acordaron con el Gobierno.
Sin embargo, concretaron importantes acuerdos con el Poder Ejecutivo tras días de manifestaciones.
El punto 1 del acuerdo establece que por parte del Poder Ejecutivo se reasignarán, para el financiamiento de la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica, en particular los previstos para el MOPC, de US$ 25.000.000, con el compromiso del Congreso Nacional de reponer dicho monto en el presente ejercicio fiscal o en el PGN 2021 de manera adicional a lo previsto en el mismo.
Mientras que el punto 2, por parte del Ejecutivo, a ejecutar los US$ 25.000.000 más los US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG para ese fin, totalizando US$ 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente entre el MAG y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutado en el presente año 2020.
El punto 3, a través del MAG, establece coordinar con los sectores afectados proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina. Mientras que el punto 4, a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, establece habilitar créditos para el fomento y desarrollo de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés.
Por otra parte, el acuerdo 5 establece que a través del Banco Central del Paraguay se emitirá una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y se trabajará sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.
Mientras que el punto 6, por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través del Indert e Indi, dispone hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso.
En el punto número 7, por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Indert e Indi, se establece la apertura de una mesa de trabajo con organizaciones para trabajar el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria.
Mientras que el punto 8, a través del Indert, contempla efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado e inscriptas a nombre del Estado paraguayo para ser destinadas para la reforma agraria.
El punto número 9, por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, incluye debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto social y las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
Mientras que en el punto 10, por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se prevé la conformación con las organizaciones firmantes de un equipo de seguimiento de este acuerdo, que se reunirá como mínimo cada 15 días.