Bacigalupo sigue derrochando dinero público

De acuerdo al resul­tado final de la audi­toría realizada por el Poder Ejecutivo, G. 1.290 millones es el monto apro­bado por Carla Bacigalupo, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS), para la adquisición de cuatro simu­ladores de cargas pesadas para capacitación en el Ser­vicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

A pesar de que, la entonces directora de Programas de Aulas Móvi­les, Ynés Ríos de Ruggero, había solicitado – en múltiples ocasiones- la anulación del proceso de licitación porque las accio­nes de los programas para dicha área fueron recorta­das en un 33%; por lo tanto, la adquisición de esos equipos ya sería un gasto innecesario para la institución; la compra se realizó igual.

A pesar de la advertencia de Ríos de Ruggero, el proceso siguió su curso de manera normal y la adjudicación fue otorgada a la firma GSM, cuya propuesta fue la más elevada de entre todos los oferentes.

Con esto, y sumando los G. 1.494.308.512 utiliza­dos de los fondos del SNPP y del Sinafocal,  Bacigalupo ya gastó más de  G. 2.000.000.000. Esto se desprende de la lectura del documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

Según refiere el mencionado informe, el pedido para la compra se formalizó el 28 de mayo del 2018 y fue precisa­mente emitido por la direc­ción a cargo de Ríos. Sin embargo, casi un mes des­pués, el 25 de junio de ese mismo año, ella pidió por pri­mera vez cancelar la compra y explicó a través del memo­rándum Nº 98/2018 el recorte de programas.

“De qué sirve crecer en logís­tica si no tenemos el acompa­ñamiento de la gerencia eco­nómica para poder operar en acciones formativas”, men­ciona el memorándum remi­tido por Ríos a sus superiores.

Pero, esto no fue escuchado y la licitación siguió su curso de manera normal; y el 23 de noviem­bre del año pasado, se adjudicó la licitación a la firma GSM, propiedad de Víctor Mendoza. El contrato fue formalizado tres días después, el 26 de noviembre.

Otro dato llamativo, es que la mejor oferta presentada no fue la que ganó la licitación. La firma Automotive había ofrecido los 4 simuladores con un valor de G. 155 millones menos que el de la firma de Mendoza.

En su informe final, la AGPE  hace mención al Artículo 31 de la Ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, que confirma que las licitaciones pueden ser canceladas cuando existen circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pueda ocasionar daños o per­juicios a la institución. Así mismo  la Ley Nº 1.535/99, de Administración Financiera del Estado,  dice que las autoridades al servicio del Estado que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales responderán con sus patrimonios para la indemnización de daños y perjuicios ocasionados.