Tras las críticas, el ministro de la Senad y coordinador de lla CESC, dijo que hay evidencias para imputar a los empresarios del clan Ferreira, y a los funcionarios que participaron en las compras irregulares.

Giuzzio señaló que en el Ministerio Público obran los antecedentes recientes acercados por el Ministerio de Salud Pública, a instancias de la CESC, sobre las sendas irregularidades detectadas en los procesos de compras de productos hospitalarios. En el caso específico de las firmas Imedic SA y Eurotec SA del clan Ferreira hay evidencias suficientes para que la Fiscalía impute tanto a empresarios como a funcionarios de Salud, quienes facilitaron la firma de contrato que ahora quedó trunco, según reveló a Monumental 1080 AM.

“El Ministerio Público tiene la capacidad y la posibilidad de iniciar procesos, a través de una imputación, en contra no solo de los empresarios que participaron directamente en la estafa, porque inicialmente es estafa; sino de los funcionarios que cometieron estas irregularidades y que provocaron y permitieron la estafa”, afirmó.

Como el dinero del anticipo está en proceso de recuperación, se ratificó en que el “daño patrimonial no se llegó a concretar legalmente”. Pero suscribió que la devolución de la plata para reparar el daño no significa la desaparición del hecho punible. De ahí que dejó picando la pelota en terreno de la Fiscalía. “Ojalá que en estos días se expidan. Ya conversamos con los fiscales, les pasamos toda la información que teníamos a nuestro alcance; les entregamos esos insumos que habíamos rescatado en el aeropuerto con Aduanas y con eso se demuestra totalmente y se cierra el círculo respecto a la estafa”, apuntó en alusión a las adulteraciones constatadas en las etiquetas y marcas de alguno de los insumos.

La CESC dejó constancia de que al revisar la carga procedente de China en el depósito de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) vieron que las mascarillas no eran N95 ni de la marca HK, como establecía el contrato con ambas firmas, sino que eran KN95. Además, en sus etiquetas, en inglés, decían que “no eran para uso médico”. Pero, en el parque sanitario de Salud, esas inscripciones desaparecieron; incluso se presentaban como un solo fabricante con envoltorios en español, con la marca HK. “Estos empresarios pretendían entregar un producto que no era el que se había establecido en el contrato y, para más, simulando lo que se había acordado”, apuntó Giuzzio al señalar que en el proceso “es indudable que participaron los funcionarios”.

Ante la reacción ciudadana por el aparente blanqueo en el informe la CESC, “en ningún momento la comisión evitó involucrarles”, soslayó. “De hecho, nuestra sugerencia es que sean sumariados y se eleven los antecedentes al Ministerio Público si corresponde y así lo hizo el Ministerio”, señaló.

Como ex fiscal anticorrupción y si estuviera en los zapatos de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos, con esas evidencias, dijo: “Tendrían que darse (más imputaciones). Yo les citaría a los miembros del Comité de Evaluación, al director administrativo, director jurídico o al director de la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) y les preguntaría: ¿Qué pasó acá, cómo fue que direccionaron o le adjudicaron a estas empresas; quién bendijo?”, lanzó. El fiscal Osmar Legal tiene a su cargo las denuncias presentadas por el MSP y de un grupo de legisladores, pero hasta ahora no hay imputado.