Tras varias semanas de negociaciones, las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) terminaron cediendo ante la presión de los sindicatos y pidieron ayer al Consejo de Empresas Públicas rever los topes impuestos por el Gobierno a ciertos pagos salariales extras.
La postura del Consejo es no volver a pagar los montos actuales, por lo que se decidió derivar el acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) para analizar la viabilidad legal y la razonabilidad.
La PGR deberá elevar su dictamen, en nombre del Consejo de Empresas Públicas, en estos días al Equipo Económico Nacional (EEN), instancia que finalmente tomará una decisión sobre la eventual revisión del tope a los sobresueldos en ANDE. No obstante, Brizuela no quiso anticipar una fecha para la resolución.
Según los datos oficiales, los pagos de beneficios salariales le cuestan al Estado unos USD 75 millones al año. Los funcionarios de las empresas públicas cobran por ayuda vacacional, ayuda alimentaria y hasta por disponibilidad. En el caso de la ANDE, el plantel hasta tiene descuentos del 50% en su consumo.