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El ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Adminis­tración Nacional de Electrici­dad (Ande), analizó las gestio­nes encaradas por el Gobierno paraguayo ante el Brasil sobre la renegociación del Tratado de Itaipú. Cuestionó la falta de respuesta del presidente bra­sileño Jair Bolsonaro ante el planteamiento de mantener la tarifa energética yconsideró incluso peligroso para la esta­bilidad política del país. “Creo que Brasil va a hacer uso de su derecho de la interpretación del Anexo C del Tratado que le va a permitir bajar la tarifa por­que ese es uno de los principa­les objetivos de este gobierno brasileño”, dijo a Unicanal.

Recordó que en el 2019, cuando se habló sobre el acta bilateral, el tema principal era la tarifa. “Querían que Paraguay con­trate mayor energía garanti­zada para que sobre el exce­dente, en el promedio, obtengan una menor tarifa porque eso era una promesa que Bolsonaro había hecho para la Federación de Industrias de San Pablo, que es la principal beneficiaria de esta energía”, afirmó.

Dijo que del acta se tuvo conocimiento el 24 de julio y 4 días después –por la reacción ciudadana y la renuncia del entonces titular de la Ande, Pedro Ferreira– Para­guay pidió anular el documento. Luego, el Gobierno local con­formó equipos negociadores. Uno integrado por los “nota­bles” que estuvo a cargo de la Cancillería que invitó a 40 personas, pero solo 28 acepta­ron y entregaron un informe no vinculante en junio del 2021. Otro equipo negociador se conformó a final de ese año y hasta ahora tampoco defi­nió ninguna línea de acción.

Explicó que el 25 de julio, el canciller paraguayo dio unas declaraciones, señalando que la “revisión del Anexo C ya que­daba para el próximo gobierno y que este gobierno se iba a limi­tar a preparar la documen­tación para que el próximo gobierno se encargue de la revi­sión.

Con eso prácticamente ya le dimos el arco en blanco a Brasil para que defina su posi­ción para lo que correspon­día la tarifa del 2022″, añadió. Afirmó que la tarifa del 2022 tenía que haber sido definida en la reunión del consejo de Itaipú, el pasado 29 de octubre. Pero unos días antes hubo una reacción de un grupo político; además, no había un acuerdo entre los técnicos, por lo que tampoco se avanzó en el tema.