Mario Abdo ya había adelantado su posición en relación a la ley de las DD.JJ. de los funcionarios. “Si no contempla una pena, pierde la esencia”.
En el documento por el cual veta esta ley, entre los argumentos esgrimidos señala que si se hubiese aprobado “se podría producir un indeseable debilitamiento de las consecuencias jurídicas de la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos al convertir las declaraciones juradas en una cuestión netamente de carácter administrativo y enervaría el poder de actuación del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales”. Actualmente, con la ley vigente, es un hecho punible con expectativa de pena de hasta 5 años.
Otro de los argumentos es que para el Ejecutivo esta ley pone en dicotomía la prevalencia del interés general sobre el particular, “ya que confiere a los sujetos obligados por el artículo 104 de la Carta Magna un régimen que no se condice con su situación de servidores públicos y además atenta contra el interés general de robustecer la publicidad, la transparencia, que constituye bienes públicos de interés general”.
Además, el documento señala que en una democracia constitucional son los gobernantes quien tienen la obligación de promover valores como la publicidad, la transparencia, la responsabilidad y el combate a la corrupción.
“Cualquier legislación contraria a estos fines y que pretenda morigerar las consecuencias jurídicas de las obligaciones previstas para los servidores públicos y dificultar la actuación de la Justicia, resulta incompatible con la Constitución”.
CONTRALORÍA:
La Contraloría General de la República seguirá siendo la responsable de optimizar el procedimiento mencionado a través de una reglamentación que garantice el derecho a la defensa del declarante y la transparencia.
Desde dicha entidad informaron que empezarán, desde el próximo lunes 22 de junio, a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. También se busca mejorar el acceso a las rendiciones de cuenta de los municipios y las gobernaciones.
POLÉMICA.
La semana pasada la Cámara de Diputados modificó la ley de declaraciones juradas y estableció que las mismas solo podrán ser públicas con una orden judicial. Además, agregaron en un apartado que el contenido falso de las mismas no derivará en ningún proceso penal, al no ser considerado como un testimonio, lo que representaría solo una falta administrativa que tendría multas.
Ante la sanción en el Congreso, tanto los opositores como parte de la ciudadanía expresó su indignación en las redes y los medios de comunicación.