);

El Jefe de Estado anunció ayer que vetará la modificación de la ley de declaración jurada si “realmente des­penaliza” el falseamiento de datos.

Indicó que hasta el momento no tuvo la posibilidad de leer el proyecto, pero lo hará en su momento y evaluará con su equipo jurídico. “Si la ley despenaliza el falseamiento de la declaración jurada de bienes, como estoy leyendo en los medios de comunicación, tenemos la obligación de vetarla”, manifestó el man­datario. Insistió que su equipo jurídico analizará la ley sancionada y si realmente despenaliza la declaración jurada falsa, por su “com­promiso moral” vetará la modificación de la normativa. El docu­mento llegó al Poder Ejecutivo en la noche del martes 9 de junio.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, el legis­lador colorado Derlis Mai­dana, sostuvo que mediante el proyecto de ley sancionado el martes 9 último, respecto a las declaraciones juradas, no se despenaliza el falseamiento de los datos. El parlamenta­rio aclaró incluso que la nor­mativa otorga a la Contralo­ría General de la República y otros organismos mayores facultades como, por ejemplo, el establecimiento de multas.

“Estuve leyendo las declara­ciones del Presidente, en las que hablaba de que si se des­penaliza cualquier anomalía con relación a la declaración jurada, iba a vetar, pero a nues­tro modesto entender eso no se establece con este proyecto. En ningún momento se despe­naliza, lo que se habla es que las declaraciones juradas son un acto unilateral, adminis­trativo, en el que la Contra­loría si no se siente satisfe­cha, puede aplicar multas, y si no se siente conforme, ele­var los antecedentes a la Fis­calía”, explicó.

Sostuvo que el proyecto es “bastante claro”, tanto en su inciso 8 del artículo 4° y en el artículo 3°, inciso 4. “No se despenaliza; al contrario, se le da amplia facultad a la Contraloría entre otras institucio­nes al no sentirse satisfechas a aplicar multas y presentar las denuncias ante el Minis­terio Público y el Poder Judi­cial. Los delitos están expre­samente establecidos en el Código Penal, en ninguna parte del proyecto se deja de lado eso. Lo que nosotros sos­tenemos es que no se le vetó ninguna función a la Contra­loría”, sentenció.

Maidana convocó a una confe­rencia de prensa en Diputados para aclarar el alcance del pro­yecto sancionado por el Poder Legislativo. “En el marco de la presente ley, la Contraloría General de la República ten­drá los siguientes deberes y atribuciones. Inciso 8, denun­ciar ante el Ministerio Público y los órganos jurisdicciona­les competentes cuando los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas revelen indicios de irregula­ridades y enriquecimiento indebido, a los efectos de que los mismos inicien los procesos que correspon­dan”, precisó.

NO VARÍA MUCHO

Por otra parte, señaló que la ley sancionada no varía mucho con la actual ley respecto a la necesidad de contar con un pronunciamiento por parte de los órganos juris­diccionales, para lograr acceder a los datos de los funcionarios públicos.

Respecto al motivo para no dar a conocer todas las decla­raciones de los funcionarios públicos, el político alegó que se tomaron en cuenta los ante­cedentes de otros países y que por cuestiones de seguridad se optó resguardar estos datos. Alegó en ese sentido que los funcionarios pueden ser pasi­bles de robo, extorsión u otros delitos al darse a conocer sus patrimonios.