El Poder Ejecutivo presentó proyecto al Congreso para modificar el Código Procesal Penal. La propuesta pretende extinguir las causas que lleven más de 4 años.
Con el proyecto presentado, el equipo de Mario Abdo alega que: “4 años es un plazo razonable”; sin tener en cuenta las interminables chicanas que se dan dentro de los procesos judiciales.
En el día de la fecha, la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario – Conarep-, presidida por la diputada Rocío Vallejo, se reúne para debatir la propuesta.
De aprobarse, se modificaría el artículo 136 del Código Procesal Penal.
En el mismo, actualmente se establece que “Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes suspenderán automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen”.
Al anularse esta disposición, la extinción del proceso se daría a los cuatro años, independientemente a lo que ocurra dentro de cada proceso judicial, que en su mayoría las dilaciones son moneda corriente.
La impunidad quedaría legalizada.
Ese es el mayor miedo de algunos de los integrantes de la Comisión que están analizando la propuesta. Impunidad que sería un regalo a los peces gordos; que manejarían su propio juicio con el poder político o económico.
Cuando existen herramientas de poder, los obstáculos a los procesos judiciales son parte del mismo; y a los 4 años se llega en un abrir y cerrar de ojos.
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La Conarep, está presidida por la diputada Rocío Vallejo e integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, por la Corte; los abogados Marcos Kohn y Enrique Kronawetter, por el Ejecutivo; los fiscales adjuntos María Teresa Aguirre, Marco Alcaraz, Soledad Machuca y Gilda Villalba, por el Ministerio Público; y los defensores Matías Garcete y Francisco Acevedo, por el Ministerio de la Defensa Pública.
También asisten los senadores Enrique Bacchetta, Víctor Ríos y Desirée Masi. El primero es representado por el abogado Guillermo Duarte y el segundo por los letrados Roque Orrego y Juan Martens.