El documento, que fue publicado ayer en la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, plantea que los salarios ahora ya no podrán ser superiores al del presidente de la República, quien percibe al mes G. 37 millones (17 salarios mínimos).
De igual forma, la normativa pretende eliminar los cuestionados cupos de combustible, los servicios de cátering y el uso discrecional de las líneas de telefonía.
El documento también contempla un control especial hacia el nombramiento de asesores y parientes dentro de la función pública.
La ley contempla también que la máxima autoridad de una institución pública y los miembros de un órgano colegiado como el Congreso Nacional no tendrán seguro médico privado y de medicina prepaga.
También se prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación masiva y cualquier otra forma de expresión audiovisual que promueva a la autoridad o a las obras públicas donde incluya su figura.
En uno de sus artículos se establecen condiciones para contratar y nombrar funcionarios públicos. En ese sentido, la normativa señala que no se podrá designar a un pariente del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto, a fin de evitar el nepotismo en la función pública. En ese sentido, solo se permitirán los contratos y nombramientos por concurso. Asimismo, se limitará la incorporación como colaboradores o asesores o cualquier otra figura, hasta tres asesores, teniendo en cuenta la cantidad de quienes fungen de asesores principalmente en ambas cámaras del Congreso.
Binacionales. En cuanto a las binacionales, la normativa habla de que el Ejecutivo articulará los medios para que Itaipú y Yacyretá cumplan en que los funcionarios no perciban otra remuneración del sector público y limitar la publicidad en los medios masivos de comunicación.
Considerando que la remuneración a empleados representó el 45,5% de gasto total obligado a agosto del corriente y que el Estado presenta un déficit acumulado equivalente a 1,71% del producto interno bruto (PIB), la mayor eficiencia del gasto público es prioritaria.
37 millones
de guaraníes será el tope salarial para cualquier funcionario público. No podrá ganar más que el presidente.